viernes, 15 de abril de 2011

LA VOZ DEL PERÚ PROFUNDO

EN UNA CONTIENDA ELECTORAL HISTÓRICA Y SIN PRECEDENTES, OLLANTA HUMALA Y KEIKO FUJIMORI SERÁN QUIENES SE DISPUTEN EN UNA SEGUNDA VUELTA LA PRESIDENCIA DE UN PAÍS TAN IMPREDECIBLE POLÍTICAMENTE COMO EL PERÚ. LOS RESULTADOS REFLEJAN UNA PROTESTA SOCIAL DE LOS SECTORES MÁS POPULARES, QUIENES SE VOLCARON A LAS URNAS PARA HACER ESCUCHAR UNA VOZ QUE FUE OLVIDADA POR LOS DOS ÚLTIMOS GOBIERNOS, QUE LO ÚNICO QUE LOGRARON FUE ABRIR MÁS LAS BRECHAS SOCIALES.

Las cifras obtenidas por Humala y Fujimori son una muestra clara del obligado reajuste que se debe hacer al modelo aplicado en la última década, porque si bien es cierto que el Perú creció de forma sostenida, ese crecimiento económico no lo sintieron los millones de peruanos que viven en extrema pobreza, donde los niños mueren por desnutrición infantil y no tienen acceso a agua potable ni electricidad.

La realidad del Perú profundo no se encuentra en los distritos exclusivos de Lima ni en las redes sociales. Las entrañas sociales del Perú se descubren en sus provincias, en las zonas rurales y la periferia urbana. No se puede vislumbrar el futuro del Perú desde un escritorio, porque para sentir los nervios de su presente hace falta viajar al interior del país y ver lo que ocurre por ejemplo en Huancavelica y Puno.

La segunda vuelta entre Humala y Fujimori es una nueva contienda en la que tendrán que saber dirigirse y convencer a los millones de electores que jamás votarían por ninguno de los dos, pues ambos tienen un fuerte voto en contra.

Fujimori deberá demostrar que no heredará las repudiables prácticas en las que incurrió su padre y que no repetirá la corrupción endémica de las instituciones ni las violaciones de derechos humanos. La ventaja de Keiko Fujimori es que plantea una economía de mercado con inclusión social, el respeto a los tratados de libre comercio y un fomento de las inversiones que beneficie a los más necesitados. El voto de Fujimori es una expresión de gratitud a los dos principales logros del gobierno de su padre: la erradicación del terrorismo y las obras sociales en zonas rurales. Apoyo social que deberá superar el asistencialismo y convertirse en una política de autocrecimiento sostenido para los más pobres. Fue la única candidata que mostró decencia en su discurso y no cayó en los insultos de sus adversarios.

Ollanta Humala deberá demostrar que no es discípulo de Hugo Chávez ni un súbdito de los intereses del Brasil, que no estatizará la economía ni reformará la Constitución para enquistarse en el poder. Recordemos que fue él quien apoyo un golpe contra el gobierno de Toledo. Conviene también que Humala aclare sus propuestas de reforma fiscal y tributaria. Hay muchas propuestas de corte populista que lanzó hace poco y tiene el debe de explicarnos cómo hará para financiar sus promesas sin que ponga en riesgo la estabilidad económica del país. Las últimas semanas los peruanos percibimos enormes incoherencias entre el lenguaje moderado que expresaba en su discurso político y las reformas retrógradas que proponía en su plan de gobierno.

Quienes no votaron por Humala y Fujimori deben respetar a quienes sí lo hicieron porque es una expresión legítima de aquellos peruanos que no se sienten representados por el Estado, es una suerte de volcán político a través del cual erupcionan todas las demandas sociales de los sectores populares.

El Perú profundo ha levantado su voz de protesta para que se realicen cambios, los cuales deben darse en un contexto de respeto a la democracia, sin que eso implique un retroceso al pasado.

Ollanta Humala y Keiko Fujimori serán los encargados de disolver las dudas razonables que generan. Titánica tarea que les queda a partir de ahora. Cualquiera de los dos puede ser el próximo presidente del Perú.■



Extractos del artículo «Giro político en el Perú», escrito por ©CARLOS ALBERTO ROSALES PURIZACA, publicado en diario El Tiempo el 13-04-2011.
Edición de Texto: Francisco Córdova Sánchez

lunes, 11 de abril de 2011

YURI GAGARIN: 50 años de la conquista del espacio

HACE YA MEDIO SIGLO QUE YURI GAGARIN VIAJÓ AL ESPACIO. EL 12 DE ABRIL DE 1961 SE CONVIRTIÓ EN EL PRIMER HOMBRE QUE SE ACERCÓ UN POCO MÁS A LAS ESTRELLAS. EN UNA PEQUEÑA CÁPSULA DE ALGO MÁS DE DOS METROS DE DIÁMETRO, LA VOSTOK I, LLEGÓ A DAR UNA ÚNICA CIRCUNVALACIÓN A LA TIERRA A 28.000 KM/H. LA ODISEA DURÓ 108 MINUTOS Y PENSÓ, SOBRE TODO, EN SU MADRE Y EN CÓMO REACCIONARÍA AL CONOCER LA NOTICIA, QUE FUE SECRETA HASTA SU ATERRIZAJE EN SUELO SOVIÉTICO.

El simpático y menudo teniente (1,69 mt.) fue ascendido a coronel y elevado a la categoría de héroe nacional. Descrito como el primer "ciudadano del mundo", Gagarin fue recibido por igual en el capitalista Estados Unidos y la socialista Francia; fue abrazado por Fidel Castro y presentado a la reina Isabel II.

Pese a todo, pocos son los detalles que se conocen de los primeros años de Gagarin, sobre todo los de su infancia en un área rural, eclipsada por la Segunda Guerra Mundial. Gagarin nació en el pequeño pueblo de Klushino, rodeado de extensos campos, a unos 200 kilómetros de Moscú. La familia vivió aquí desde 1933 hasta 1945. Su padre era carpintero y su madre, lechera. A principios de 1946, cuando el futuro cosmonauta tenía 13 años, la familia se trasladó a Gzhatsk.



Allí Elena Kozlova le enseñó botánica a Gagarin. "No era su asignatura favorita, pero se la tomó tan en serio como la física y la matemática, sus preferidas", comenta su ex maestra, hoy de 91 años. A Gagarin le gustaba hacer bromas, añade, pero siempre lograba que le perdonaran sus travesuras. "Nadie era capaz de resistir su sonrisa. Y le gustaba mucho a las chicas".

Kozlova explica que fue en sexto grado cuando Yuri ingreso a un club de una escuela de aviación y comenzó a soñar con volar. Aunque su primer trabajo fue como fundidor, consiguió matricularse en el Colegio Técnico de Saratov, donde aprendió a pilotar un avión ligero.

En 1955, Yuri Gagarin entró en la Escuela de Pilotos de Oremburgo y, al graduarse, ingresó a la Fuerza Aérea Soviética como teniente. Era en el grupo de los mejores pilotos que se seleccionaba a los potenciales cosmonautas.

Yuri Gagarin tenía apenas 27 años cuando despegó en el primer vuelo espacial tripulado. "Fue un día muy importante para todos", recuerda Kozlova, su maestra. "Cerraron la escuela durante tres días; hubo celebraciones en todas partes".

El grito espontáneo de "¡payéjali!" (¡vamos allá!) que profirió Gagarin acurrucado en la cápsula Vostok durante la ignición del cohete, a las 9.07 (hora de Moscú), quedó para siempre vinculado en la cultura popular rusa como expresión de autoconfianza y arrojo ante retos imposibles.

“Aún hoy en día, no sé si yo soy el ‘primer hombre’ o el ‘último perro’ en volar al espacio”, dijo Yuri Gagarin, poco después de su viaje en 1961. No había sido entrenado para soportar las presiones de la masa. Cuando se sintió oprimido por el gentío exclamó: "El vuelo cósmico no me ha matado, pero ahora temo morir apastado por vosotros".

Pero pagó un precio alto por la fama. Moscú le prohibió cualquier actividad peligrosa que le pudiera costar la vida. Jamás volvió al espacio y no recuperó su licencia de piloto hasta 1968. El 27 de marzo de ese año se estrelló en el Mig-15 que pilotaba junto a un instructor. Se multiplicaron las hipótesis sobre el accidente, incluidas la de un supuesto complot de la KGB para acabar con esta leyenda con aspiraciones políticas. Pero la más verosímil parece ser la trágica combinación de falta de experiencia de Gagarin y el mal tiempo. Sus restos descansan en el muro del Kremlin.■


Ver también:

El pueblo olvidado de Yuri Gagarin
50 aniversario de la conquista espacial
Medio siglo de la hazaña de Yuri Gagarin

Edición de Texto: Francisco Córdova Sánchez

viernes, 8 de abril de 2011

LA IRRACIONAL LEY SECA

UNA DE LAS PREMISAS RELEVANTES QUE SE EMPLEA EN EL DERECHO ES QUE LA LEY NO PUEDE FORMULARSE DE ESPALDAS A LA REALIDAD. LA LEY NO CREA LAS ESENCIAS, SINO QUE PARTEN DE ELLAS PARA ESTABLECER LOS MANDATOS, PROHIBICIONES O PERMISIONES JUSTAS. LA LEY ELECTORAL NIEGA ESTA PREMISA JURÍDICA CUANDO PROHÍBE EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DESDE 48 HORAS ANTES DEL DÍA DE LAS ELECCIONES HASTA LAS 12 HORAS DEL DÍA SIGUIENTE.

Si nos preguntásemos por la finalidad de esta prohibición, tendríamos que admitir que es una doble. Por un lado, favorecer que en la mayor medida de lo posible el proceso electoral se desenvuelva con normalidad al evitar los altercados que puedan generarse por el descontrol de personas ebrias; y, además, favorecer en mayor medida la idoneidad del acto de sufragio de las personas en concreto, debido a que el voto no se emitiría válidamente si el elector se encuentra pasado de copas.

Hay razones para justificar que se trata de una medida legislativa con escasa racionalidad.

La primera es que se formula al margen de la realidad, a partir de un supuesto fáctico cuya validez no está acreditada, ni en su intensidad ni en su extensión. Se parte del supuesto de que los días previos a las elecciones, os peruanos nos lanzaremos a los bares y cantinas a ingerir alcohol hasta perder la conciencia de la importancia del proceso electoral, y la voluntad de conducirnos con responsabilidad el día de la votación, con la consiguiente alteración del normal desenvolvimiento en la misma. Si alguna vez hubo este riesgo, habrá sido en tiempos pasados cuando las formas políticas eran otras, especialmente virulentas, y el electorado era más instintivo que racional.

La segunda es que si fuese verdad que la ciudadanía tendiera a la ebriedad desenfrenada, ese fin de semana de las elecciones, la llamada Ley seca resulta ineficaz, porque esa –supuesta- masa humana ávida de alcohol no es tan torpe como para no hacerse con provisiones suficientes para consumir –incluso más de lo normal por el morbo que genera romper una regla-. Y lo hará en casas particulares o incluso en la misma vía pública, porque el consumo no está prohibido, sino sólo el expendio. Y esto, desde luego, no es admisible, y por el contrario, sirve para comprobar la falsedad del punto de partida: ¿por qué no ha habido disturbios generados por ebrios en las elecciones pasadas? No será por la prohibición misma, sino por la inexistencia del supuesto de hecho del cual parte la norma.

Y la tercera razón es que una tal prohibición legislativa no ayuda a la madurez política de la ciudadanía, pues en el mejor de los casos se fomenta que se hagan o dejen de hacer las cosas, no por propio convencimiento sino por temor a la sanción que conlleva la imposición legislativa. Es claro que no se forma a la gente apelando a miedos y sanciones, sino esforzándose por formarla en el convencimiento propio de su racionalidad.

Es de comunidades políticas maduras, tomar conciencia de la importancia de la elección del grupo que por cinco años se encargará de gestionar el bien común. A fortalecer esa conciencia se ha de dirigir la actuación de los Poderes públicos. La Ley ha de mostrarse como instrumento eficaz en este cometido, de modo que la meta del legislador no ha de ser una ciudadanía que cumple su deber por miedo a la sanción, sino más bien una ciudadanía convencida de la corrección y justicia del deber político.■



Texto del artículo «Ley Seca: racionalidad jurídica y madurez política», del ©Dr. LUIS CASTILLO CÓRDOVA, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, publicado en El Tiempo el 07-04-2011.

Edición de texto: Francisco Córdova Sánchez

sábado, 5 de marzo de 2011

Amenazas del Acuerdo Energético Perú-Brasil

En junio de 2010 el gobierno peruano firmó un acuerdo energético con Brasil para el “Suministro de Electricidad al Perú y Exportación de Excedentes al Brasil” por el cual se compromete a la instalación de varias hidroeléctricas en territorio amazónico peruano, siendo las primeras la de Inambari y la de Pakitsapango. Estas represas producirían energía cuyos “excedentes” serían exportados a Brasil durante los próximos treinta años.

La mayor parte de la población peruana no está familiarizada con este contrato que aparentemente sería beneficioso para el país. Sin embargo, este acuerdo internacional, así como otra medidas que se han venido dando en los últimos años en relación a la construcción de represas en la Amazonía, presentan problemas muy serios y de distinto orden que el gobierno actual no está asumiendo con la debida responsabilidad.

A continuación, presentaremos brevemente los principales problemas que están en juego a partir de la firma de este convenio y del conjunto de proyectos hidroeléctricos que viene promoviendo el Ministerio de Energía y Minas.

LOS PROBLEMAS AMBIENTALES

Mucha gente cree que la energía hidroeléctrica es una energía limpia y por lo tanto más ecológica. Sin embargo, en el caso de la región amazónica esto no es así. Las represas amazónicas generan la putrefacción del bosque inundado, que no solamente impide la producción de oxígeno, sino que produce grandes emisiones de gas metano, contribuyendo a la contaminación atmosférica y al calentamiento global. Además, la inundación de bosques destruye una de las principales riquezas que el Perú tiene: su biodiversidad.

Asimismo, la construcción de las líneas de transporte para la energía eléctrica supone la deforestación de miles de kilómetros de bosque, además de generar impactos electromagnéticos en sus inmediaciones.

Las represas también afectan el nivel del agua en los ríos, no solo dificultando la navegación por estos, sino también impidiendo la reproducción de numerosas especies de peces que los surcan para desovar.

Finalmente, debido al tipo de suelos que existen en la amazonía andina, los ríos arrastran grandes cantidades de barro y otros restos durante la temporada de lluvia que además de contribuir a la putrefacción de materia orgánica hace que la represa se colme más rápidamente que las construidas en otros ecosistemas.

A todo esto hay que añadir la irresponsable intención del gobierno actual de eliminar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para implementar estos proyectos. Si ya en la actualidad la mayoría de los EIA que se elaboran resultan insuficientes por estar mal hechos o incompletos (p.e. al no incluir los impactos sobre el conjunto del ecosistema de la cuenca), eliminarlos por completo sería desastroso.

LOS PROBLEMAS SOCIALES

El principal impacto social de estos proyectos es el desplazamiento forzado de la población que vive en la zona de inundación.

La experiencia de las represas construidas en la Amazonía brasileña ha demostrado que la mayoría de la población termina en los barrios marginales de las ciudades, como desempleados, informales o delincuentes.

Las poblaciones aledañas, río arriba o río abajo, también ven afectadas sus actividades tradicionales de subsistencia sobre todo de la pesca, pero también de la agricultura, la caza y la recolección.

Ven afectada su salud ya que se deteriora la calidad del agua, se incrementa la desnutrición debido a la falta de proteínas y se incrementan las enfermedades transmitidas por mosquitos y zancudos debido al empozamiento del agua.

El desplazamiento forzado sería particularmente grave en el caso de la represa de Pakitsapango, en el río Ene, en la selva central. Las comunidades asháninkas afectadas fueron las mismas que sufrieron el desplazamiento forzado por la violencia senderista, y mucha gente siente ante este proyecto la misma sensación de miedo y desamparo que sintieron frente a Sendero Luminoso.

A pesar de la gravedad de estos impactos, el gobierno, al igual que en el caso ambiental, está buscando allanar el camino legal para su implementación. En enero del 2010 el ejecutivo presentó un proyecto de ley para facilitar los desplazamientos internos, atentando contra los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.

¿EL INTERÉS NACIONAL?

Uno de los principales argumentos del gobierno es que estos proyectos se hacen para el beneficio del país. Sin embargo, incluso en términos formales, el acuerdo energético con Brasil beneficia a este país y no al Perú.

En primer lugar, porque no existe una adecuada planificación estratégica en el Perú, sino que se entregarían estos recursos al Brasil prácticamente en su totalidad. En segundo lugar, porque la enegía que se producirá no sirve para el consumo doméstico regional sino que estará destinmada a las grandes empresas brasileñas. En tercer lugar, son las propias empresas brasileñas las que construirán las represas, destinando una gran parte del presupuesto a la instalación de turbinas y generando muy poco empleo. Finalmente, el acuerdo contempla que el Perú se quedará con las represas luego de treinta años de uso; sin embargo, el tiempo de vida útil de una represa en ecosistema amazónico es de aproximadamente veinticinco años, lo que quiere decir que Brasil devolverá al Perú represas que no sirven para generar electricidad.

La situación resulta más grave en la medida que organismos internacionales, como el Banco Mundial, han señalado que estos megaproyectos hidroeléctricos han fracasado debido a sus grandes impactos. Asimismo, el Colegio de Ingenieros del Perú se ha manifestado públicamente desde el año 2009 en contra del acuerdo y de estos proyectos.

Sin embargo, el gobierno sigue manteniendo su posición y viene promoviendo no solamente los proyectos de Inambari y de Pakitsapango, sino otras represas más en la Amazonía, tanto para generar energía para Brasil como para trasvasar agua a la costa peruana. Uno de estos proyectos afectaría al río Marañón.

¿Por qué el gobierno sigue promoviendo estos proyectos en contra de la opinión de la población local y de expertos (ingenieros, ambientalistas, abogados, economistas y organismos internacionales)? ¿Por qué el gobierno promueve leyes que atentan contra los derechos humanos y el medio ambiente para favorecer estos megaproyectos? ¿Por qué tanta irresponsabilidad?



Texto del artículo «Represas Hidroeléctricas en la Amazonía peruana: Impacto Social y Ambiental de grandes consecuencias», escrito por ©OSCAR ESPINOSA DE RIVERO (Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP), publicado en la revista INTERCAMBIO Nº 15. Lima, enero de 2011.

EDICIÓN DE TEXTO: Francisco Córdova Sánchez

martes, 1 de marzo de 2011

El Recurso de Apelación «Por Salto»

Uno de los problemas que afronta la justicia constitucional es la inejecución de las sentencias estimativas emitidas por el Tribunal Constitucional o la ejecución tardía o desnaturalizada del mandato contenido en ellas. Con la finalidad de solucionar este problema en la RTC 00168-2007-Q/TC se instituyó el recurso de agravio constitucional interpuesto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional; sin embargo, en la práctica este recurso no ha podido erigirse como una solución eficaz para la ejecución inmediata y en sus propios términos de las sentencias estimativas del Tribunal Constitucional.

Por esta razón, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 00004-2009-PA/TC se ha establecido como solución al problema descrito que, en la etapa de ejecución de las sentencias estimativas del Tribunal Constitucional las Salas Superiores se encuentran exoneradas de conocer el recurso de apelación interpuesto contra la resolución del juez de ejecución que declara actuado, ejecutado o cumplido el mandato de una sentencia del Tribunal Constitucional, o que declara fundada la contradicción u observación propuesta por el obligado y que dicho recurso será conocido por salto por el Tribunal Constitucional.

La solución procesal propuesta tiene por finalidad controlar no sólo la correcta ejecución de las sentencias estimativas del Tribunal Constitucional, sino también hacer realidad los fines de los procesos constitucionales y tutelar los principios constitucionales de dignidad de la persona humana y de la cosa juzgada, así como los derechos constitucionales a ser juzgado dentro de un plazo razonable y a la ejecución de las resoluciones judiciales, ya que la inejecución total o ejecución defectuosa o tardía del mandato de una sentencia estimativa, en la práctica, puede ser entendida como un acto de denegación de justicia.

Ello porque en algunas ocasiones, la tramitación de la etapa de ejecución de una sentencia estimativa del Tribunal Constitucional dura en el Poder Judicial más de tres años, y en otras, origina que el demandante inicie un segundo proceso de amparo con la finalidad de cuestionar las resoluciones emitidas en la etapa de ejecución, es decir, que por la inercia de las autoridades jurisdiccionales o los excesos procesales de la parte obligada el demandante se ve obligado a afrontar dos procesos constitucionales, uno que le ordena la restitución de su derecho constitucional vulnerado, y otro que ordena que dicho restablecimiento no sea una declaración, sino que se haga realidad.

En este sentido, en la sentencia mencionada se ha establecido como doctrina jurisprudencial que debe ser acatada y respetada por todos los jueces del Poder Judicial, las siguientes reglas:

a. El recurso de agravio constitucional interpuesto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional será denominado recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional.

b. El recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional se interpone contra la resolución del juez de ejecución que declara actuado, ejecutado o cumplido el mandato de una sentencia del Tribunal Constitucional, o que declara fundada la contradicción u observación propuesta por el obligado. Contra la resolución que deniega el recurso de apelación por salto cabe el recurso de queja previsto en el artículo 401º del Código Procesal Civil. La resolución del recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional o del recurso de queja por denegatoria del recurso referido se realizará sin trámite alguno.

c. El recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional no procede cuando: a) el cumplimiento de la sentencia conlleve un debate sobre la cuantificación del monto de la pensión de cesantía o jubilación, o de los devengados, o de los reintegros, o de los intereses, o de las costas o de los costos; y b) el mandato de la sentencia constitucional cuya ejecución se pretende establece en forma clara y expresa que es de cumplimiento progresivo. En estos casos, el proceso de ejecución de la sentencia constitucional sigue su trámite en las dos instancias del Poder Judicial y contra la resolución denegatoria de segundo grado procede el recurso de agravio constitucional interpuesto a favor de la ejecución de una sentencia del tribunal Constitucional previsto en la RTC 00168-2007-Q/TC.

Tampoco procede cuando el propio recurrente decide que la correcta ejecución del mandato de la sentencia constitucional se controle a través del amparo contra amparo.

Finalmente, en la sentencia se ordena disponer que todas las Salas Superiores del Poder Judicial remitan los expedientes que estén conociendo por apelación y que tengan por finalidad verificar el estricto cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional.■



Texto del artículo «TC establece el “recurso de apelación por salto” para controlar la inmediata ejecución de sus sentencias», publicado en la ©Gaceta del Tribunal Constitucional. Edición Nº 22, Noviembre-Diciembre 2010.
EDICIÓN DE TEXTO: Francisco Córdova Sánchez

martes, 22 de febrero de 2011

USO Y ABUSO DE LOS DECRETOS DE URGENCIA

En los últimos 10 años (2001-2010), el Poder Ejecutivo ha legislado mediante 635 decretos de urgencia. El año en el que más decretos de urgencia se expidieron fue el 2001 con 140, seguido del año 2009 con 125. El año en el que menos decretos de urgencia se expidieron fue el 2004, que registra 15 normas de este tipo.

Teniendo en cuenta que durante la última década (2001-2010) el Congreso emitió 1,851 leyes, llama la atención que el ejecutivo haya legislado mediante 635 decretos de urgencia.

Sobre este tema debe tenerse en cuenta que la Constitución (artículo 118, inciso 9) faculta al Presidente de la República dictar decretos de urgencia como medida extraordinaria con fuerza de ley, únicamente sobre materias económica y financiera, y siempre atendiendo el interés nacional.

No obstante el carácter excepcional de los decretos de urgencia, las cifras revelan que durante la década 2001-2010 el Ejecutivo abusó y desnaturalizó la referida facultad, pues si comparamos el número de leyes emitidas por el Congreso y los decretos de urgencia dictados por el Gobierno podrá advertirse que estos constituyen poco más de la cuarta parte de aquellas, de modo que en la práctica los decretos de urgencia se han convertido en una fuente ordinaria de producción legislativa.

El mismo fenómeno se verifica en el año 2010, pues el Poder Ejecutivo ha emitido 81 decretos de urgencia, cifra que representa el 35% de las 230 normas con rango de ley emitidas este mismo año.

Nuevamente, se aprecia que el carácter excepcional de los decretos de urgencia no se respetó el año pasado, pues las cifras revelan que más de un tercio de las normas con rango de ley son decretos de urgencia. ¿Tantas emergencias ha tenido el Perú?■



Artículo publicado en LA LEY, Periódico mensual de ©Gaceta Jurídica. Año 3/Nº 37/Del 1 al 31 de diciembre de 2010.

Edición de texto: Francisco Córdova Sánchez

sábado, 12 de febrero de 2011

La Plaza Tahrir, símbolo del nuevo Egipto



EL VIERNES 11 DE FEBRERO, A LAS SEIS DE LA TARDE Y UN MINUTO, EL CAIRO SE ESTREMECIÓ EN UN TERREMOTO DE JÚBILO, UN LLANTO, UN REZO, UN ABRAZO ENLOQUECIDO, UNA ALEGRÍA ORGULLOSA CON SABOR A GLORIA. SE ALZÓ LA VOZ SOBRECOGEDORA DE LOS LIBRES. DESPUÉS DE TREINTA AÑOS DE LEYES DE EXCEPCIÓN, Y 18 DÍAS DE IMPENITENTES PROTESTAS EN LA CALLE, EL 'RAIS' NI SIQUIERA DIO LA CARA ANTE EL PUEBLO EN ESTE ADIÓS PARA LA HISTORIA.

Los enfrentamientos de los últimos días entre manifestantes y los llamados grupos pro Mubarak han tenido como escenario principal la PLAZA DE TAHRIR. En este lugar emblemático se mide el pulso del país. Su nombre significa, literalmente, liberación.

La simbólica Plaza Tahrir en El Cairo

El escritor Samir Raafat resumía su importancia en la revista Cairo Times: "Midan Tahrir no puede estar quieta. Ya sea para reflejar los humores de la ciudad o la agenda política de la dirigencia, la plaza más importante de la nación ha pasado de ser desde un falso Campo de Marte hasta un explanada estaliniana. Cuando un nuevo régimen siente que la capital necesita una nueva apariencia, Tahrir es el primer lugar donde comienza". 

Fue una plaza estratégica desde el siglo XIII, conocida en el siglo XIX como Midan (plaza) Ismailia, que fue renombrada en 1954 por los militares que terminaron con la monarquía egipcia en 1952. Los mismos que dieron pie a la República Árabe de Egipto y cuya presidencia sólo ha pasado en la práctica por tres personas provenientes de sus filas: Gamal Abdel Nasser, Anuar Sadat y Hosni Mubarak.

Por Tahrir entra uno al centro moderno de la capital egipcia, aquél construido por el Khedive Ismail y sus arquitectos franceses en el siglo XIX, y puede uno continuar hacia la plaza de la ópera y más adelante a El Cairo islámico. En Tahrir guarda Egipto parte de su pasado más remoto. Allí se encuentra el Museo Egipcio de Antigüedades, que alberga la máscara de Tutankamón y alrededor del cual se formó el pasado 28 de enero un cinturón humano de civiles para defender el patrimonio del país. Y a un costado del museo, un símbolo del presente tumultuoso del país, el cuartel general del Partido Nacional Democrático, que fue incendiado el mismo día.

También desde Tahrir sale uno de los puentes más simbólicos e importantes, Kasr el Nil, con sus cuatro leones de bronce que flanquean la entrada y salida del puente sobre el Nilo. Ahí fue donde el viernes 28 de enero se dio el primer enfrentamiento frontal entre manifestantes y las fuerzas policiales.

Hay muchas otras plazas cairotas para manifestarse y, sobre todo, para hacer marchas antagonistas. Pero se dice que quien controla Tahrir, controla la capital; y quien domina El Cairo lo hace en el resto del país.  

La claudicación de Mubarak llegó como un ciclón de oxígeno en un momento en que la capital estaba a punto de atragantarse masticando la furia por el engaño del día anterior. Cuando un 'rais' desconectado de la realidad salió en pantalla con nocturnidad, con el mundo entero dando por hecho su renuncia. Y repitió desafiante que él era el jefe, que iba a hacer reformas, pero marcando su ritmo, la misma perorata que el pueblo lleva oyendo tres décadas.

A Mubarak se lo ha llevado por delante un tsunami espontáneo de ciudadanos de a pie. Jóvenes veinteañeros que emprendieron una cruzada clandestina contra la represión en las redes sociales, auténticos guerreros on line, que el 25 de enero saltaban a la calle inspirados por el precedente de Túnez, para arrastrar con ellos a una sociedad exhausta de puño de hierro y de falta de derechos.

Juraron no dar marcha atrás, a pesar de que su presidente les lanzó la brutalidad de una carga antidisturbios que a punto estuvo de asfixiarles en una nube de gases lacrimógenos. A pesar de que después les arrolló con un regimiento de bandoleros a sueldo, caballistas con látigos y matones que sembraron el terror en El Cairo. A pesar de que trató de seducirles con los cantos de sirena de reformas a medias pilotadas por los de siempre, les amenazó con mano dura militar, propaganda negra en la televisión estatal, golpes de Estado, la pesadilla de las detenciones masivas y el fantasma del islamismo. 

Hoy día, no hay más protagonismo que el de los egipcios rompiéndose la garganta a mil decibelios de felicidad, en una fanfarria ruidosa que anoche todavía continuaba. La PLAZA DE TAHRIR se estremecía anoche de emoción. Han ganado.■



FUENTE:

Edición de Texto: Francisco Córdova -S.